El intendente  de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, dispuso por decreto la puesta en marcha en el municipio de un sistema de recaudación multimillonario: las fotomultas.

Con esta medida  reunió el rechazo unánime de la oposición de todo el arco político marplatense y de los tres bloques opositores  del Concejo Deliberante marplatense quienes están por llevar a la justicia esta  determinación del jefe comunal del PRO que desde principio de año propició la implementación de este sistema, qu e ya había girado al Concejo el expediente que contenía el convenio con la Universidad de San Martín (UNSAM) y ya lo habían descartado.

La oposición denunció que “se arrancó una hoja del expediente” para que el convenio no pasara por la comisión de educación, donde el oficialismo está en minoría, también dieron cuenta de una serie de aspectos que ponen a la luz  la casi nula transparencia del convenio.

Las razones que argumentaron en ese entonces los ediles se basan en la elección de una universidad que no es la marplatense, pasando por la empresa privada que está detrás de ese convenio;  hasta el poco porcentaje de recaudación que se quedaría en las arcas municipales, el cual alertaban que era mucho menor del que figuraba en el contrato que el mismo Ejecutivo de Montenegro decidió finalizar unilateralmente en julio de 2021 con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El concejal Vito Amalfitano (FdT) expresó que  «quedó claro que el proyecto tenía muchas cosas turbias, falta de transparencia, porque no se llamaba a licitación pública, era un convenio unilateral con una universidad que no era la de Mar del Plata y con una empresa privada en el medio con antecedentes oscuros».

El concejal Alejandro Carrancio señaló que la empresa apuntada como proveedora de las cámaras es Secutrans.

El intendente del PRO Montenegro se enfoca en el convenio y  no responde quienes son los encargados de proveer las cámaras y promete “que el 100% de lo recaudado sea destinado a políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial”.

Amalfitano desmiente esa promesa y plantea que » de 10 pesos de los marplatenses que se recaudan, 7 se van afuera» y agregó que  «no se abrió una licitación pública, es absolutamente unilateral, falto de transparencia y de dudosa legalidad» por lo que sostuvo  que  se reservarán «la posibilidad de distintos tipos de recursos. Esto de decidir a espaldas de vecinos y vecinas es una falta de concepción ética de la política. Y es falto de legitimidad. No anunciamos nada por ahora pero no descartamos nada, lo estamos estudiando con nuestros asesores legales” finalizó el edil opositor.

El periodo de prueba de entre 60 y 90 días que se abrió el pasado lunes se terminarán de ajustar los sistemas automáticos para que comiencen a funcionar unos 50 dispositivos que se ubicarán en las zonas de mayor siniestralidad.

Se instalaron  cinemómetros que detectan infracciones a la velocidad máxima permitida y  semafóricos que detectan el cruce de semáforo en rojo e invasión de línea de frenado y de la senda peatonal.