El Gobierno nacional mediante el decreto 412/25, estableció la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico que actuará bajo la órbita del Ministerio de Economía y que asumirá la función de Autoridad Portuaria Nacional.

Se establece que la conducción de este ente estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango de secretario de Estado, y en ese marco, se designó, mediante el decreto 5/2025, a Iñaki Miguel Arreseygor.

En el mismo decreto también se disolvió la Administración General de Puertos (AGP) la sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y de la hidrovía del río Paraná, y considerada por la Casa Rosada como un «antro de corrupción y privilegios»

La recién creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)  asumirá el rol de concesionario de la vía navegable troncal hasta que se adjudique una licitación. Mientras que una vez que se entregue la concesión, estará a cargo de la fiscalización y el control, por sí mismo o por terceros.

Según el texto oficial, la nueva agencia tendrá atribuciones como la supervisión del cumplimiento de los proyectos operativos y constructivos de los puertos, la coordinación de las acciones de control entre organismos del Estado y la promoción de la inversión en infraestructura logística y asumirá la responsabilidad primaria en materia ambiental dentro del ámbito portuario.

Entre sus atribuciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podrá:

– Regular y controlar las concesiones de obras y servicios en las vías navegables interjurisdiccionales.

– Establecer políticas generales en materia portuaria y de administración.

– Promover la asociación público-privada y la inversión en infraestructura para reducir costos logísticos.

– Ejercer el control ambiental de las actividades portuarias.

– Tendrá la facultad de suspender o cancelar habilitaciones portuarias si las condiciones exigidas no son cumplidas por sus titulares.

– Podrá asesorar a provincias y municipios que impulsen proyectos portuarios en sus territorios.

El argumento del Gobierno sobre la ANPYN es que concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, «ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos».

Para lo que «se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios»