Desde hace años los medios disponibles son escasos y antieconómicos. ¿Qué actitud tomará en los próximos meses nuestro país, cada vez más dependiente del gigante asiático, frente a la irrupción de buques extranjeros?

En menos de un mes comenzará a llegar desde el océano Pacífico al Atlántico Sur la flota pesquera china que operará, como todos los años, al borde a la Zona Económica Exclusiva argentina.

Se trata de al menos 300 buques, la mayoría dedicados al calamar, los cuales se sumarán a otros pesqueros de nacionalidad china, española, coreana y taiwanesa, que operan con regularidad en esa zona del Atlántico Sur, la mayoría con base en el puerto de Montevideo.

Esta actividad, según viene señalando el doctor César Lerena, ex funcionario, experto en Atlántico Sur y pesca,  se lleva al menos 2.600 millones de dólares anuales y, estos números, en la comercialización final minorista significan entre 14 y 15 mil millones de dólares por año.

Incluso sostiene que desde 1976 los gobiernos nacionales han tolerado la pesca ilegal de entre 300 y 400 buques extranjeros que se llevaron unos 44 millones de toneladas por un valor comercial final, minorista, de 770 mil millones de dólares.

A su entender, esta enajenación económica ilegal impidió también la generación de cientos de miles de empleos y el desarrollo de los pueblos pesqueros de toda la costa argentina.

Días atrás, el especialista recordó que mientras Argentina es incapaz de controlar la pesca ilegal con buques chinos en el Atlántico Sur y favorece sus inversiones para que se lleven los recursos naturales, económicos y el trabajo del país. Uruguay facilita las operaciones de las esas embarcaciones ilegales en sus puertos y, promueve, la radicación de capitales chinos en ese país.

“Esta República -dice el presidente Luis Lacalle Pou- puede ofrecerle a China ser el “HUB” (Centro Regional) de «entrada de sus productos y servicios a la región y su acercamiento al Mercosur”.

“Los chinos no vienen por nuestro desarrollo regional, vienen por nuestros recursos”, dijo Lerena.

En este escenario volverá a moverse una vez más la flota pesquera china, mientras que la Argentina, si es que efectivamente quiere poner fin al problema, dispondrá de escasos recursos de control y, encima, antieconómicos.

Desde hace años tanto la Armada como Prefectura Naval han venido sufriendo un proceso de desinversión que marcha a contrapelo del reciente aumento de las multas a la pesca ilegal, cuya positiva sanción legislativa puso fin en septiembre pasado a valores irrisorios que no se actualizaban desde 1998

Sin embargo, sin medios capaces de asegurar un efectivo control, el aumento de las multas terminará siendo un elemento declamativo, pour la galerie, y nada más.

Al mismo tiempo, y como ha venido sosteniendo Eduardo Pucci, director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros del Atlántico Sur (OPRAS), esta es la única zona del mundo que no tiene un régimen o  una regulación en alta mar.

“El pescado se mueve, y la biomasa argentina pasa las 200 millas hasta la zona adyacente y cuanto más se regule adentro de la Zona Económica Exclusiva argentina lo que hacemos sirve de seguro para que el que esté afuera pesque sin escrúpulos ni respeto”.

A la hora de analizar los recursos disponibles, la Armada aparece en principio como la más perjudicada por la severa reducción de sus capacidades esenciales, proceso que se acentuó incluso con la pérdida del submarino ARA San Juan.

Por ejemplo, la División de Patrullado Marítimo cuenta apenas con tres unidades disponibles: el patrullero oceánico ARA Bouchard, comprado usado a Francia, la veterana corbeta ARA Granville y el aviso ARA  Bahía Agradable.

Estas carencias hacen que deban ser reforzados todos los años con buques del Comando de la Flota de Mar, mientras que el panorama de la aviación naval es angustiante: apenas dos unidades; un viejo avión antisubmarino Grumman Tracker y un Beechcraft B-200 Kin Air.

Seguramente se avanzará el año próximo con la modernización de un P-3B en FAdeA, proceso que viene demorado (el año pasado se suspendieron los trabajos por falta de fondos, entre otras razones).

Como se ha  venido informando, afortunadamente a comienzos de 2021 la Armada sumará un patrullero océanico nuevo, el ARA Piedrabuena, y a fin de ese año llegará el segundo de un total de tres que se construyen en Francia.

A esta excelente noticia podría agregarse –todavía no hay demasiados avances- la reconversión de dos corbetas de la clase Meko 140 en patrulleros marítimos, con reducción de armamento y modernización de sistemas.

Sin embargo, todas estas opciones operativas resultan antieconómicas sin una aviación naval en condiciones de explorar más de 2 millones de kilómetros cuadrados.

Debe pensarse, por ejemplo, que una corbeta gasta 20 mil litros de gasoil por día para desempeñar esa tarea.

En el caso de Prefectura, según un informe de Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación en el mes de agosto, dado a conocer por el sitio especializado Zona Militar, se informó que la fuerza contaba con cinco guardacostas de la Clase Halcón y un guardacostas multipropósito.

En tanto, los medios aéreos del Servicio de Aviación de la Prefectura Naval Argentina se limitaban a tres aeronaves (dos C-212-300 y un King Air 350iER).

Todo esto torna evidente la necesidad de avanzar de una vez por todas con el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Espacio Marítimo (SINVYCEM), un proyecto que sigue en algún cajón a la espera que alguien lo rescate, el cual incluye radarización, sensores, estaciones terrestres, además de un trabajo conjunto de todos los recursos disponibles.

Fuente: Agenports