Tras la salida de Petronas del proyecto GNL, los diputados bonaerenses aprobaron el “RIGI bonaerense”
Es la variante bonaerense al régimen nacional que había lanzado Kicillof cuando debatía con Milei y Marin por la localización de la planta de GNL.
El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, una suerte de RIGI pero con incentivos y reglas diferentes al que impulsó a nivel nacional el gobierno de Javier Milei, solo unos días después de que trascendiera la posibilidad de que la estatal malaya Petronas abandone el proyecto para construir una planta de GNL cuya localización había generado polémica entre el Presidente y el gobernador Axel Kicillof.
El régimen de incentivos bonaerense fue anunciado por el gobernador quien impulsaba que fuera en Bahía Blanca, la opción que se contempló desde el inicio del proyecto, pero Milei presionó para que se traslade a Punta Colorada, en Río Negro.
Uno de los puntos de ese tironeo fue la necesidad o no de que la provincia adhiriera al RIGI nacional para conservar la inversión.
El CEO de YPF, Horacio Marin, sugirió en una entrevista que la adhesión podía ser determinante (aunque después se desdijo) pero Kicillof, que rechazaba ese esquema de incentivos, envió a la Legislatura un régimen propio de aliento a las grandes inversiones y pidió a la oposición que lo acompañara. Incluso se llegó a plantear una jornada para debatirlo entre Legisladores con actos del puerto de Bahía que quedó sin efecto porque en el interín YPF anunció oficialmente que el proyecto iba a hacer en Punta Colorada, Rio Negro, provincia que sí había aprobado la adhesión al RIGI nacional, a instancias de su gobernador, Alberto Wertilnek, un aliado de Milei con pasado progresista que apoyó al oficialismo en la sanción de la Ley Bases.
El Régimen que ahora se aprobó en Diputados, con apoyo de los representantes de Unión por la Patria y del bloque Unión Renovación y Fe(libertarios disidentes, de fuertes vínculos con el massismo), elaborado por un equipo comandado por el ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa, plantea la mirada de Kicillof sobre cómo deben incentivarse las grandes inversiones, con menos beneficios fiscales y una atención más intensa a la creación de cadena de valor asociadas.
Cuando a fin de la semana pasada se conoció que Petronas se retiraría del proyecto (la decisión final se oficializará en noviembre pero fuentes al tanto de la iniciativa dijeron a DIB que ya está tomada) Kicillof le reprochó a Milei su intervención para sacar la planta de la provincia y llevarla a un puerto con mucha menos infraestructura que Bahía Blanca, que además es un santuario de ballenas. Como Punta Colorada.
“Me preocupa que a través del uso político, que el Rigi y el no Rigi, es un papelón de Milei y esperemos que no espante a Petronas”, dijo el Gobernador bonaerense.
Tras la sanción del proyecto, el presidente del bloque de UxP, Facundo Tignanelli, resaltó que el proyecto “ingresó el 11 de septiembre” y que hoy “logramos aprobarlo sobre tablas”.
Los siguientes son algunos de los más destacados puntos:
- Destinado a los sectores de la industria manufacturera, servicios (tales como turismo, logística y otros), las inversiones intensivas en recursos naturales y proyectos estratégicos.
- Los proyectos elegibles son aquellos que contemplen una planta nueva o ampliación de instalaciones existentes.
- El plazo para presentar proyectos es de 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley y se pueden abrir futuras convocatorias.
- Como se explicó más arriba, los proyectos se segmentan en tres grupos de acuerdo al monto de la inversión en cuanto a los beneficios iniciales:
- Hasta US$ 50 millones (M), beneficios por 5 años y 30% de exención impositiva.
- Entre US$ 50 M y US$ 200 M, beneficios por 4 años y 25% de exención impositiva.
- Mayores a US$ 200 M, 3 años y 20% de exención.
- Se pueden acumular beneficios adicionales en base al cumplimiento de determinadas condiciones (innovación tecnológica, incremento exportaciones, localización). Los beneficios no podrán superar los 15 años.
- Los proyectos de inversión mayores a US$ 50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores.
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