La Secretaría de Industria y Comercio eliminó las resoluciones que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información a empresas.
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, dispuso la derogación de una serie de normas vinculadas al comercio «que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria».
El avance de la desregulación del comercio interno se llevó a cabo mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, por las cuales «se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos»
Desde Economía explicaron que las normas derogadas estaban «sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido».
Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
Señalaron que«se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos», ya que «exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos» y a la vez precisaron que fueron eliminados «programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno».
También se remarcó que «estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia».
Así mismo detallaron que «entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por US$5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales», mientras que «en la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros».
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