Las cámaras empresarias de la industria pesquera emitieron un comunicado este jueves con duras críticas hacia la postura sindical en el conflicto surgido en el último tiempo entre las partes que pone en jaque la pesca de langostino en el país.
«La intransigencia sindical le cuesta millones a los marineros y pone en jaque a toda la industria pesquera», es el título de la nota enviada a esta redacción y que lleva las firmas de CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas), CAPeCA (Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina) y CAPIP (Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras).
El comunicado de las cámaras
Las cámaras empresarias de la industria pesquera —la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP)— manifiestan su extrema preocupación por el estancamiento en la negociación con los gremios de marinería, y advierten que la falta de acuerdos ya tiene consecuencias directas y cuantificables sobre los trabajadores.
La propuesta presentada por el sector empresarial contemplaba que un marinero —en base a parámetros de productividad realistas y condiciones de mercado actuales— podría estar percibiendo un salario bruto estimado de 12 millones de pesos en junio, si se hubiese alcanzado un acuerdo y comenzado la temporada. En lugar de eso, por la negativa a discutir una adecuación del convenio vigente, esos mismos trabajadores deben conformarse con cobrar el básico, que hoy ronda los $500.000.
“Es frustrante que la intransigencia sindical esté privando a miles de marineros de importantes ingresos que ya podrían estar en sus bolsillos”, expresó Eduardo Boiero, titular de CAPeCA. “Los números son públicos y transparentes. Y el costo de no dialogar lo están pagando las familias que dependen de esta actividad”.
La flota congeladora de langostino, integrada por 113 barcos, permanece amarrada desde el 17 de marzo. En un contexto internacional donde el precio del langostino cayó de USD 12/kg a apenas USD 5,50, continuar operando bajo las condiciones del convenio colectivo firmado en 2005 implica pérdidas directas para las empresas, y la inviabilidad de sostener las operaciones.
“En vez de perder un dólar por kilo pescado, propusimos adecuar la escala salarial a los valores de hoy. Aun así, los marineros seguirían percibiendo sueldos muy por encima del promedio de la economía argentina y del sector pesquero mundial”, sostuvo De La Fuente, presidente de CAPIP.
En los últimos tres meses de parálisis, el país dejó de ingresar más de 200 millones de dólares en exportaciones, y el Estado Nacional dejó de percibir al menos 15 millones en derechos de exportación. Mientras tanto, más de 3.200 trabajadores embarcados permanecen inactivos, y la cadena logística y productiva de localidades como Puerto Deseado, Puerto Madryn y Mar del Plata sufre un impacto profundo.
Las cámaras empresarias recuerdan que ya han recurrido a todas las herramientas posibles para sostener la actividad: renegociaciones con proveedores, reclamos ante el Estado para reducir retenciones (DEX y DUE), y ajustes en todas las áreas. Pero el 60% del costo operativo está hoy concentrado en salarios, una proporción nunca antes vista en la industria.
“Queremos salir a pescar, hoy mismo, pero no podemos hacerlo a pérdida. Se trata de evitar la quiebra. Esta es una crisis seria que requiere madurez y responsabilidad de todos los actores”, remarcó Boiero.
El sector pesquero argentino, que en 2024 generó exportaciones por US$ 2.000 millones, representa el 3,9% de las exportaciones nacionales y más de 46.000 empleos directos, muchos de ellos entre los mejores remunerados del país. Pero el modelo actual es insostenible.
Las cámaras empresarias ratifican su compromiso con la sostenibilidad, el empleo y el diálogo. Pero insisten: no se puede seguir ignorando los números de la industria ni postergar las decisiones que permitan recuperar la actividad.
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