La controversia sobre el futuro del puerto de Quequén crece y la posible intervención del gobierno bonaerense en la terminal ha generado preocupación, mientras que entidades del campo, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), intensifican sus críticas a la gestión nacional en temas vinculados a las agroexportaciones.

En el marco de la reciente reunión entre el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y las Cuatro Cadenas (Acsoja, Argentrigo, Maizar y Asagir), se discutió la licitación de la terminal portuaria cuya concesión vence en noviembre.

El objetivo declarado por las autoridades provinciales es asegurar el buen funcionamiento del puerto a través de una nueva licitación que aumente la competitividad y reduzca los costos de elevación.

En el contexto del puerto de Quequén, tanto las Cuatro Cadenas como CRA coinciden en la relevancia de esta terminal portuaria para la exportación de granos.

Quequén, uno de los puertos de aguas profundas más importantes del país, maneja entre 7 y 8 millones de toneladas de granos al año, lo que lo convierte en un pilar estratégico para la competitividad de la agroindustria argentina.

Con la concesión de la terminal próxima a vencer, el futuro de Quequén sigue siendo incierto. Mientras el gobierno provincial busca acelerar la licitación, las entidades rurales exigen transparencia y rechazan cualquier intento de intervención estatal que, según ellos, podría afectar la operatividad y competitividad del puerto.

Por otra parte, el vicepresidente primero de CRA, José Ignacio Colombatto expresó su preocupación sobre las políticas agroexportadoras del gobierno nacional, criticando la «pasividad» ante medidas internacionales que afectan a los productores, como el Reglamento 1115 de la Comunidad Económica Europea, que, según el dirigente, creará «barreras arbitrarias» para los productos argentinos.

Colombatto destacó que CRA es «la voz del que trabaja, invierte y apuesta al futuro», y subrayó la importancia de un gremialismo fuerte para frenar las políticas que considera perjudiciales para el sector productivo. Entre sus críticas, mencionó la intención del gobierno de imponer la identificación individual electrónica de ganado como medida obligatoria, una iniciativa que calificó como «una carga económica sin sentido» para algunos productores.

El dirigente de CRA también apuntó a la falta de una postura clara del gobierno ante las normativas internacionales que afectan al sector agroexportador.

«No es admisible que los gobiernos europeos se transformen en centinelas ambientales después de los desastres que han hecho en sus territorios», afirmó con hincapié en la necesidad de una defensa firme de los sistemas de producción argentinos.