El Poder Ejecutivo restableció, mediante el Decreto 628/2025, la plena vigencia de las normas que habían sido derogadas por el DNU 340/25, luego de que el Congreso resolviera su rechazo y, por lo tanto, su derogación.

La Casa Rosada reconoció que la decisión parlamentaria tuvo efecto derogatorio, pero advirtió que no restituye automáticamente las disposiciones anteriores, lo que —según el Gobierno— generaba “un vacío normativo de extrema gravedad” en la Marina Mercante Nacional.

En los considerandos del nuevo decreto, el Ejecutivo cuestionó que el Congreso no estableciera un régimen alternativo y sostuvo que esa omisión “profundiza la crisis estructural del sector”, debilitando la previsibilidad de inversiones y la competitividad frente a flotas extranjeras.

“Considerar vigente un texto ya derogado sin que haya sido expresamente restablecido constituye un acto contrario a la lógica, al derecho y a la ley”, remarcó el texto firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete.

En ese marco, el Gobierno dispuso reimplantar el régimen previo al DNU 340/25, al que definió como “deficiente pero preferible a la ausencia total de reglas”. También justificó el dictado de un nuevo decreto de necesidad y urgencia en las “circunstancias excepcionales” que habilita el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en línea con precedentes de la Corte Suprema.

El oficialismo defendió la medida como un paso para dar “certeza jurídica” al sector, al que definió como estratégico para la soberanía, el comercio exterior y la seguridad nacional.