El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) ante una Opinión Consultiva afirmó que las emisiones de GEI generadas por el hombre y sus actividades a la atmósfera constituyen contaminación del medio marino y que los Estados tienen la obligación legal de tomar todas las medidas para prevenir, reducir y controlar su impacto

La Segunda Evaluación Mundial de los Océanos (2020), concluyó que muchas partes de los mismos se habían degradado gravemente y que, si no se abordan los problemas existentes, se generaría un ciclo destructivo de degradación por el que los océanos no podrían proporcionar muchos de los beneficios de los que dependen los seres humanos, la influencia de las actividades humanas, consecuencias que se constatan en el aumento de la temperatura de la atmósfera, la tierra y el océano, así como los daños significativos y pérdidas irreversibles que ello está ocasionando sobre los ecosistemas costeros y marinos.

En 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático declaró «con un nivel de confianza alto» que las emisiones de gases de efecto invernadero habían causado un aumento de la temperatura de 1,1 grados respecto a los niveles preindustriales, en la última década.

A medida que empezamos a comprender mejor los múltiples impactos de las presiones de las actividades humanas y los efectos acumulativos e interrelacionados del cambio climático, nos damos cuenta de cuán mayores de lo que creíamos son estos sobre la salud del océano: modificando propiedades del mismo como temperatura y salinidad, los patrones de las corrientes oceánicas, produciendo el incremento del nivel del mar y afectando seriamente a los ecosistemas, alterando la producción primaria y con ello, la distribución de las especies y abundancia de la biodiversidad marina.

En el marco de la Comisión de Pequeños Estados insulares del Pacífico y el Caribe sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional (COSIS por sus siglas en inglés, nueve pequeñas naciones insulares, integradas por Antigua y Barbuda, Tuvalu, República de Palaos, Niue, República de Vanuatu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Saint Christopher, Nevis y la Commonwealth de las Bahamas), vulnerables y amenazados por las consecuencias del cambio climático sobre sus territorios, solicitaron al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que una Opinión Consultiva.

Consultaron si las emisiones generadas por el hombre y sus actividades a la atmósfera (gases de efecto invernadero – GEI) constituyen contaminación marina y cuáles son las obligaciones específicas de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para prevenir y reducir la misma y para proteger y preservar el océano de los efectos del cambio climático.

La CONVEMAR establece todas las cuestiones relativas al Derecho del Mar, conformando un delicado equilibrio de derechos y obligaciones de los Estados en este espacio. Conocida como la Constitución de los Océanos, es aceptada como norma jurídica vinculante incluso por los Estados No Partes, debido a que constituye, en sí misma, Derecho Internacional Consuetudinario. Ratificada por 169 países del mundo, representa uno de los instrumentos internacionales con mayores implicancias económicas, estratégicas y políticas.

El TIDM, con sede en Hamburgo, es un órgano judicial independiente establecido precisamente en virtud de la CONVEMAR, con competencia respecto de toda controversia relativa a la interpretación o la aplicación de la Convención, pudiendo referirse a la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la conservación y ordenación de los recursos vivos del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina.

El pasado  21 de mayo, luego del análisis, afirmó que las emisiones de GEI generadas por el hombre y sus actividades a la atmósfera constituyen contaminación del medio marino y que los Estados tienen la obligación legal de tomar todas las medidas para prevenir, reducir y controlar su impacto, incluso al ir más allá de instrumentos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París.

Advirtiendo que la obligación legal de los Estados partes es la de proteger y preservar el medio marino en virtud de la CONVEMAR, entre los que se encuentran grandes contaminadores como China, Rusia e India (Estados Unidos no es parte de esta Convención), también se aplica a las principales causales de la crisis climática.

Si bien esta opinión consultiva del TIDM no tiene efecto vinculante, es decir, no establece una obligación legal, representa el primer caso interestatal que aborda las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados en relación con el cambio climático, por lo cual muchos expertos ya la consideran histórica, dado que expone lo que el Derecho del Mar obliga a hacer a los países en relación con el cambio climático, a través de sus tribunales nacionales y regionales.

El dictamen, que ya forma parte del Derecho Internacional, constituye un importante apoyo al reclamo que hace décadas vienen llevando adelante las pequeñas naciones insulares, quienes sufren las principales amenazas e impactos del cambio climático sobre el océano, a pesar de estar entre los que menos contaminan. Para estos países, la protección del medio marino es una verdadera cuestión de supervivencia, considerando que los grandes contaminadores deberán evitar daños catastróficos sobre ellas y, si no lo hacen, compensar sus pérdidas y daños.

Por: Sergio Almada y Jessica Chiarandini