El Gobierno vetó la ley que había sido sancionada por el Congreso para crear un fondo especial de ayuda para Bahía Blanca y Coronel Rosales ante las inundaciones de marzo y sostuvo que esas localidades fueron asistidas en abril pasado con 200.000 millones de pesos para los damnificados.

A través del decreto 424/2025, el Gobierno vetó la ley 27.790 que declaraba la emergencia en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales y que creaba un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir a los damnificados.

Justificó que en esa ley no se indica “la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni aseveró que “casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”.

Adorni precisó que el veto a esa ley se debe a que el “1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados”.

Señaló que también “brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.

La Cámara de Diputados había convertido en ley hace 20 días un proyecto que declaraba la emergencia en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales para crear un fondo por 200 mil millones pesos de ayuda a los ciudadanos de esas zonas tras las inundaciones del 7 de marzo.

Por su parte, legisladores de la UCR reaccionaron con el anuncio de que insistirán con la ley y buscarán acuerdos parlamentarios para reactivar la iniciativa sancionada por el Parlamento.

El senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi señalaron que insistirán con esa ley porque “no se superpone con el decreto del Poder Ejecutivo” ya que “tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales”.

El Senado votó el pasado 7 de mayo el proyecto de asistencia de los senadores kirchneristas Juliana Di Tullio y Eduardo ‘Wado’ de Pedro, además de Abad, que contó con el respaldo de 68 senadores y superó los dos tercios necesarios.

Esa iniciativa había sido aprobada en Diputados el 4 de junio por 153 votos contra 32 negativos de la LLA, con lo cual también había superado los dos tercios.