Trabajadores de la pesca denunciaron que la derogación de una serie de normas por parte del Gobierno nacional atentan contra la sostenibilidad de las especies de la fauna marina nacional y, en consecuencia, a sus fuentes de trabajo. Además afirman que las desregulaciones propuestas no generaban costo para el Estado.

La denuncia apunta a la Resolución 76/2024 de la Secretaría de Bioeconomía que derogó 12 normas sancionadas entre 2021 y 2023 que, según los trabajadores, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera.

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, sostuvo que «no se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica».

Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría.

Por otro lado, Moreno denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo.

«Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar», apuntó Moreno.

La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.

Moreno aseguró que  «los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones».

«En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar», advirtió el sindicalista .

A la vez, trabajadores manifestaron que «se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año», y  recordaron que el proyecto original de la denominada «Ley Bases» presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina.

Por lo expuesto exhortan al Consejo Federal Pesquero «a que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.