El Consejo Portuario Argentino (CPA) ponderó los “excelentes resultados operativos, económicos y de incorporación de tecnología” que resultó de la gestión de la Administración General de Puertos (APG), como concesionario a cargo de la gestión de la vía navegable.

Esto, los llevó a «reforzar la consideración respecto de la viabilidad y conveniencia de que la actividad continúe a cargo del Estado, atendiendo a los perfeccionamientos que sean necesarios».

Los puertos públicos que integran el Consejo Portuario Argentino (CPA) pidieron que sea el Estado quien “detente el gobierno del sistema y su recaudación, reservándose la autoridad para la planificación estratégica del trazado, profundidades y orientación de ampliaciones e inversiones”.

El CPA, que desde 2020 ya no representa los intereses de los puertos públicos de Santa Fe, reclamó un «sistema de administración de la Vía Fluvial Troncal Navegable que permita priorizar los intereses nacionales, una navegación segura, sustentable, eficiente y que propulse el desarrollo integral del sistema, resultando en favor de la competitividad de la producción y el comercio desde y hacia todas las regiones del país».

«Seria de vital importancia, por ejemplo, que a partir de esa mirada integradora se incorporen las obras de dragado y balizamiento en canales de acceso a puertos de la red y cualquier otra obra complementaria que mejore su eficiencia sistémica», solicitaron desde el CPA en un comunicado.

Reclamaron un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para avanzar con la «construcción del canal de La Magdalena, obra que además de su valioso aporte a la mayor competitividad del sistema logístico, permitirá vincular francamente nuestros puertos fluviales con nuestro litoral oceánico».