La empresa belga de dragado Dredging Internacional (DEME) interpuso un recurso ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y el juez Enrique Lavié Pico,  habilitó la feria judicial para atender la medida cautelar incoada.

Dredging Internacional, al igual que otras compañías interesadas,han denunciado  una «asimetría de información» en el proceso licitatorio, apuntando a la utilización de datos técnicos generados por los actuales concesionarios, que incluyen estudios del río y reportes técnicos, son replicados en los pliegos de la licitación.

Según DEME, esta situación otorga una ventaja competitiva a dichas empresas al obligar a los nuevos competidores a basarse en información que no ha sido verificada de manera independiente.

“Es imposible realizar un relevamiento técnico exhaustivo en el tiempo otorgado. Extender el plazo solo dos semanas es una medida insuficiente y no aborda el problema de fondo”, señalaron representantes de una de las empresas interesadas. Este argumento pone de manifiesto la necesidad de un mayor plazo para garantizar la equidad en la preparación de ofertas.

Por su parte, Shanghai Dredging, filial de la gigante china Communications Construction Company CCCC, ha calificado como discriminatoria la exclusión de empresas controladas por estados soberanos, una disposición del pliego que limita la competencia y genera dudas sobre su imparcialidad.

Esta cláusula afecta a compañías con capacidad técnica y financiera comprobada, como las chinas, lo que según algunos analistas podría traducirse en menores beneficios para Argentina.

La empresa Jan de Nul que actualmente opera el dragado y balizamiento de la vía fluvial, ha defendido la transparencia del proceso y la validez de los datos proporcionados, muchos de los cuales integran los pliegos de licitación que presento el gobierno y  aseguran que las condiciones establecidas en el pliego son razonables y cumplen con los estándares necesarios para garantizar la navegabilidad de la Hidrovía.

Las críticas de las otras empresas no se limitan a la falta de información independiente sino que  también cuestionan las exigencias de experiencia previa en dragado continuo y extensiones similares, lo que consideran una barrera que limita la participación.

Al tiempo que señalan que el proceso licitatorio no ha pasado por el Congreso ni se encuentra incluido en el listado de firmas autorizadas a privatizar, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia y legitimidad del procedimiento.

El juez Enrique Lavié Pico, a cargo del caso, ha solicitado al Estado que presente su descargo para justificar los puntos controversiales del pliego. Las decisiones que tome en los próximos días podrán determinar si el proceso sigue adelante o si, por el contrario, se detiene hasta que se resuelvan las dudas planteadas.