«Ese récord de exportaciones no significa rentabilidad para las empresas, ni que estén en condiciones saludables sus utilidades», puntualizó el dirigente empresarial en diálogo con la emisora. De la Fuente aclaró que el crecimiento previsto en los indicadores macroeconómicos del sector se fundamenta en un incremento de los precios internacionales y no en un salto genuino en el volumen de captura o procesamiento.

El análisis se da en el marco de las recientes rondas de negocios internacionales celebradas en París. Durante estos encuentros comerciales, empresas importadoras que inicialmente buscaban adquirir langostino argentino terminaron sellando acuerdos para la compra de merluza.

De acuerdo con el titular de la CAPIP, los clientes internacionales acudieron a la feria con sus inventarios de langostino ya abastecidos, pero volcaron un marcado interés hacia la merluza debido a una profunda crisis mundial en la oferta de pescado blanco. Esta coyuntura global ha posicionado a la merluza argentina como una alternativa altamente competitiva frente a especies de cultivo como la tilapia. De la Fuente destacó el valor agregado de la captura nacional, describiéndola como un producto salvaje y libre de aditivos en un contexto donde el mercado global demanda, cada vez más, las denominadas «proteínas azules».

Para consolidar esta ventana de oportunidad y corregir las asimetrías de costos que erosionan los márgenes de ganancia, el arco pesquero sigue de cerca la agenda legislativa nacional. El sector busca ser incluido formalmente en un nuevo régimen de incentivos para inversiones que ya cuenta con la aprobación del Senado y aguarda su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley, promovido originalmente por el senador Maximiliano Abad, contempla herramientas clave para la competitividad industrial, tales como la devolución anticipada de los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para la conducción de la CAPIP, la discusión parlamentaria representa una plataforma indispensable para visibilizar las necesidades estructurales de la actividad y atraer capitales que permitan la modernización de la flota y las plantas procesadoras de la Patagonia.