El informe final de la Bicameral investigadora del hundimiento del submarino ARA San Juan,señaló «responsabilidades compartidas» de los altos mandos de la Armada y endilgó al Ministerio de Defensa «un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas» posteriores a la desaparición de la nave.

Los integrantes de la Bicameral parlamentaria sostuvieron en su informe final de 170 páginas, que el origen del hundimiento fue «una avería producida el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42 por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación» que «originó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3″.

En los 16 meses de investigación, detalló el senador Ojeda en la reunión pública ante familiares de las víctimas, los integrantes de la Bicameral no fueron “recibidos por la presidenta del Senado ni el presidente de la Cámara de Diputados” ni recibieron colaboración del Poder Judicial. 

“Muchos quieren que se indique un autor, que exista alguien a quien condenar, pero aquí hay varias responsabilidades compartidas”, indicó Ojeda.

“Han incidido un sinnúmero de factores” en el naufragio, advirtió el senador.

Ese incendio, según el reporte en el que se recabaron medio centenar de testimonios, fue el que provocó la «implosión» posterior del ARA San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año después de su hundimiento.

En las conclusiones obtenidas por los legisladores, esa «avería» fue «subestimada por todos los altos mandos» de la Armada.

Durante la lectura de un resumen del informe, el presidente de la comisión, José Ojeda, habló de «responsabilidades compartidas» y «no de un sólo autor» de lo ocurrido en el submarino hundido en el océano Atlántico sur, frente a las costas argentinas, con 44 tripulantes a bordo.

Responsabilidades operativas

Las autoridades navales subestimaron la gravedad del incidente, señaló la investigación. “No se tuvo en cuenta un antecedente gravísimo, el incendio de baterías por ingreso de agua a través del balcón de barras, sufrido en puerto por el mismo submarino, (año 1995) y que llevó más de veintisiete horas extinguir por sus continuas reanudaciones”.

Responsabilidades políticas

Para la Bicameral, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, incurrió en omisiones que implicaron “la ineficiente y displicente utilización de los recursos del Estado Nacional disponibles para la búsqueda tras la finalización del operativo internacional, el incumplimiento del compromiso de una rápida contratación directa de una empresa privada que derivó en un largo trámite que insumió más de cuatro meses, el maltrato sistemático a los familiares de los tripulantes desaparecidos y la maniobra ante los familiares para intentar responsabilizar al Congreso Nacional por las demoras en la contratación”.