El miércoles 23 de octubre Argentina y 48 Estados firmaron una declaración pública indicando la determinación de ratificar el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la seguridad de los buques pesqueros. La firma se realizó   en Torremolinos (España) en el marco de la Conferencia sobre la seguridad de los buques pesqueros y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), auspiciado por  la Organización Marítima Internacional (OMI) , la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , la ONG The Pew Charitable Trusts y el gobierno de España.

El objetivo principal del Convenio fue dar normas mínimas y fijar requisitos de seguridad para la construcción, equipamiento y operación de barcos de pesca, compatibles con su navegación en el mar. Estas prescripciones están dirigidas a los buques pesqueros nuevos, con cubierta, y destinados a la navegación de altura, cuya eslora es igual o superior a los 24 metros e incluye a las embarcaciones que elaboran sus capturas. En lo que respecta a los buques ya existentes, las prescripciones se refieren sólo al equipamiento radioeléctrico.

Argentina  aprobó el Convenio por ley 22.885 que fue promulgada el 31 de agosto de 1983, que aún no lo había ratificado

Entre las obligaciones de dicho Convenio se destacaban la de proyectar y construir una nueva generación de buques pesqueros más modernos y más complejos. Para operar con éxito, éstos debían equiparse con elementos avanzados de navegación y de localización de bancos de pesca. Aunque seguían utilizando las redes de arrastre, se intentaba que éstas fueran favorables al medio ambiente con el fin de preservar los recursos pesqueros y los fondos marinos.

Entre los pesqueros modernos procuran arbitrar todos los medios que contribuyan a que sean económicamente rentables,  realizar mejoras en las máquinas y en las artes de pesca, al igual que con adelantos en los aspectos relativos a la seguridad de su tripulación y mejores condiciones de trabajo para los pescadores.

Las disposiciones relativas a la seguridad contenidas en el Protocolo es un compendio detallado de cuestiones prácticas destinado a contribuir decisivamente a la mejoría de los criterios de seguridad en los buques pesqueros incluyen los espacios de máquinas controlados automáticamente, dispositivos de salvamento mejorados, trajes de inmersión y ayudas térmicas, sistemas de comunicación por satélite y otros componentes del sistema mundial de socorro y seguridad marítimos.

Dicho Protocolo no restringe las facultades de las administraciones nacionales, que podrán adoptar previsiones de nivel superior, siempre que lo estimen conveniente.

El Convenio de Torremolinos empezará a regir  12 meses después de que por lo menos 22 estados con un total de 3.600 barcos con eslora superior o igual a 24 metros hayan manifestado su consentimiento, pero a pesar de dicha exigencia, los países firmantes hicieron saber de su determinación de garantizar que el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, sobre la seguridad de los buques pesqueros, entre en vigor antes de que se cumplan 10 años desde su adopción (11 de octubre de 2022).

Los 48 países que firmaron son Alemania, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Belice, Costa Rica, Croacia, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, España, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guinea Bissau, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Kiribati, Líbano, Liberia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Reino Unido, República Centroafricana, República de Corea, República de Guinea, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo, Uganda y Vanuatu.