El conflicto que se desató el año pasado entre la provincia de Buenos Aires y los trabajadores del Astillero Río Santiago quienes denunciaban que la intención del gobierno de María Eugenia Vidal era cerrar la empresa naval, hoy sigue vigente y podría profundizarse.

La pregunta surge a raíz de que el 31 de marzo concluye el contrato de los barcos petroleros que el ARS estaba construyendo para Venezuela. El gobierno buscaría evitar que el barco llegue a Venezuela y le buscaría un nuevo destino.

A fines de 2018, el buque encargado por PDVSA estaba prácticamente completo en un 97 por ciento y se esperaba la decisión oficial para ser entregado. Esa resolución terminó dilatándose y se encuentra pendiente la disposición política para otorgar el buque Eva Perón, que actualmente descansa en el Astillero Río Santiago.

Sin embargo, dentro de la fábrica estatal comenzaron a circular trascendidos sobre una posible y extraña «triangulación» de uno de los buques que sería vendido a YPF, algo que podría considerarse una estafa al país gobernado por Nicolás Maduro, dado que podría cobrarse uno de los barcos dos veces y que, en caso de que esa maniobra oscura prospere, podría derivar en un juicio multimillonario que se le iniciaría a la empresa naval de la provincia de Buenos Aires, que afectaría el futuro del Astillero Río Santiago.

Los barcos ya están abonados por el gobierno de Venezuela en más del 80 por ciento. La falta de entrega podría derivar en un enorme conflicto judicial que perjudicaría las arcas provinciales, ya que cada navío está tasado en más de 300 millones de dólares.

Existe un “mal” antecedente en la década del 90, cuando se realizó una «triangulación» con un barco granelero que tenía destino en Holanda. No se le entregó y terminó vendiéndolo a un armador alemán. Esto derivó en juicio por parte de quien había iniciado el pedido original y el barco que costaba 13 millones de dólares terminó significando un desembolso mayor a 50 millones de dólares.