Y además se expone al fallo de un arbitraje internacional. PDVSA agota instancias para lograr una solución “amigable” pero el  Gobierno bonaerense mantiene un silencio hermético.

Es que, según las últimas adendas del contrato, desde el 1 de diciembre empiezan las penalidades por los incumplimientos en los plazos de entrega.

Desde el Astillero Rio Santiago, dicen que el contrato establecía como fecha de entrega de los barcos producteros Eva Perón y Juana Azurduy el 30 de octubre prorrogable por 30 días, por ende caduca HOY.

El buque Eva Perón está avanzado en un 97% en su construcción y el Juana Azurduy en un 80%, este último no se termina antes de los 18 meses, según los propios trabajadores.

PDVSA puede ejecutar multas de hasta 20 mil dólares por día,  unos $ 780.000 diarios  durante cuatro meses. A la cotización del dólar actual, esto hace un total de $ 93.600.000 que caerían en saco roto, esta cifra es bastante mayor a los $ 70.000.000 que se hubiese invertido en los últimos 2 años en terminar el 3% que resta del Eva Perón y con llave en mano, se cobraban los $ 217.0000.000 que ingresaban al Astillero.

Los contratos no son de acceso público, pero distintas fuentes – incluidos miembros de la delegación de PDVSA que visitaron el país días atrás – corroboraron la información.

Pareciera que se busca el daño mayor,  que sería que la firma venezolana puede demandar un arbitraje internacional que dejaría muy mal parado en imagen y confianza al Astillero, por ende sería un impacto directo en la intención de conseguir futuros contratos.

Llamativo silencio del  Gobierno provincial, tanto del Director Ejecutivo de Astilleros Daniel Capdevilla y del  Ministro de Producción Javier Tizado.

Es por negligencia o hay intencionalidad ?

Ni siquiera contestan la propuesta elevada hace 20 días (que consiguieron los trabajadores dialogando con la empresa) y es que los caribeños se encarguen de la compra de los materiales/insumos directamente y luego se descuenten del precio final, los venezolanos no quieren destinar fondos porque consideran que las autoridades actuales de la Provincia los podrían utilizar para otras áreas.