Luego de dos horas de operativo, el predio fue liberado por completo. Todas las calles que desembocan en el terreno están custodiadas por efectivos de Infantería. Los Bomberos controlaron los incendios que provocaron los mismos manifestantes que fueron desalojados del predio de 100 hectáreas.

El operativo de desalojo comenzó a las 6 de la mañana, cuando ingresaron unos 4.000 policías al mando del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para cumplir con la orden de desalojo dictada por el juez de La Plata con asiento en Cañuelas, Martin Rizzo, quien hizo lugar a un pedido de los propietarios de los terrenos que habían sido ocupados en julio pasado.

Después de casi 100 días, las negociaciones entre las autoridades provinciales y los usurpadores fracasaron y ante el rechazo de la Justicia a un nuevo pedido de prórroga, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dio inicio al operativo que contó con la participación de fuerzas especiales, que detuvieron hasta ahora a más de 30 personas.

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Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez Martín Rizzo, postergó en dos oportunidades el desalojo a pedido del gobierno provincial que inició un proceso de diálogo con los ocupantes. Finalmente, el juez Rizzo ordenó realizar el desalojo con fecha límite el 30 de octubre, plazo que se cumplía el viernes.

Imágenes de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en los alrededores del predio.

El Gobierno provincial comenzó una serie de negociaciones con los ocupantes, e instaló cinco carpas interministeriales de las carteras de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, de Gobierno, y de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual, para llevar a cabo la contención de quienes debían irse del lugar.

Así, unas 600 familias aceptaron retirarse del lugar, tras firmar un acuerdo con el gobierno, y a cambio recibieron dinero para abonar el alquiler de una futura vivienda y materiales de construcción para ampliar las que ya tenían.

También se habilitaron seis «centros de transición», dos de ellos establecimientos cerrados y otros cuatros abiertos.

En la causa intervienen los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta, Lisandro Damonte y el defensor oficial Juan Pablo Stasi.

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