La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó planteos presentados por los directivos de una fábrica de harina de pescado acusados de contaminar la playa pública del puerto de Mar del Plata, con lo cual la causa seguirá abierta.

Según informó la Corte, se trata de Juan Carlos D’Amico, Vicente Galeano, Cayetano Sebastián Agliano, Jorge Antonio Boccanfuso, Salvador Pennisi, Crescencio Jorge Di Scala y Rubén Darío Buckhard, directivos de la firma Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria LTDA (Coomarpes).

Todos están imputados en calidad de presuntos coautores del «vertido de sustancias tóxicas desde las instalaciones de la fábrica de harina de pescado de la firma Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria LTDA (Coomarpes), a través del desagüe pluvial ubicado en la playa pública del puerto, con afectación a la salud de los bañistas».

El 15 de noviembre de 2021, el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata rechazó el planteo de prescripción de la acción civil presentado por los directivos demandados, con fundamento en que la actividad contaminante ha sido prolongada en el tiempo.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó esa decisión y, además, ratificó la resolución que hizo lugar al planteo de Roberto Maturana, querellante en la causa, para constituirse como actor civil.

Los demandados presentaron  los respectivos recursos extraordinarios contra ambas decisiones, que fueron declarados «inadmisibles».

Tras la presentación de los recursos de queja, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó todos los planteos.

El caso fue impulsado en su momento por el Fiscal General Daniel Adler.Mar del Plata: La Cámara Federal confirmó el procesamiento por contaminación ambiental a directivos de Coomarpes

Luego de años de investigación, del análisis de numerosas muestras que indicaron la habitualidad en el accionar de la empresa y de acceder a estudios realizados por especialistas en la materia, y de un frustrado intento de solución alternativa, el representante del Ministerio Público Fiscal acusó a siete directivos de la empresa por infracción a los artículos 55 y 57 de la ley 24.051 -de Residuos Peligrosos- y presentó el requerimiento de elevación a juicio.

Para el Ministerio Público Fiscal, la empresa “infringió sus deberes normativos al no cumplir con los requisitos mínimos de tratamiento de residuos peligrosos, poniendo en peligro tanto la salud pública como el medio ambiente”

Según los fiscales, se trata de un «caso de criminalidad de empresa con afectación del medio ambiente».

La responsabilidad recae sobre el Consejo de Administración de la firma Coomarpes, según la acusación fiscal «se puede colegir que la empresa al verter las sustancias peligrosas con destino final al mar, infringió sus deberes normativos al no cumplir con los requisitos mínimos de tratamiento de residuos peligrosos, poniendo en peligro tanto la salud pública como el medio ambiente».