NO A LA ENTREGA DE LOS PUERTOS
NO A LA PRIVATIZACIÓN

Fundamentos:
Transcurridos más de 20 años desde la transferencia de los puertos
dependientes de la Administración General de Puertos (A.G.P) a la
Provincia de Bs As, las actuales autoridades del Poder Ejecutivo han
divulgado la intención de conformar Consorcios de Gestión Portuario
para las actuales delegaciones de la Dirección General de Puertos de
Dock Sud, Coronel Rosales y San Nicolás.
Desde la el comienzo de la gestión de María Eugenia Vidal, la
situación de nuestros puertos provinciales ha sido de total
incertidumbre, valga recordar que durante cinco meses el Ministerio de
la Producción se mantuvo acéfalo, lo mismo sucedió con la ex
Subsecretaria de Actividades Portuarias durante un lapso menor.
Ante este panorama de incertidumbre, falta de conducción,
desinversión, vaciamiento y supuestos actos de corrupción, los cuales
han tomado estado público y algunos se encuentran en diferentes
etapas judiciales, los trabajadores portuarios muy lejos de esto,
consideramos que la actual situación requiere el fortalecimiento del rol
que desempeña el Estado para el desarrollo de la actividad.

Las autoridades del ejecutivo provincial parecen empeñadas, únicamente,
en promover la privatización de todo el complejo portuario.
El Poder Ejecutivo avanza sobre una de las aérea estratégicas para el
desarrollo de nuestra economía provincial, involucrando también la
Administración del Fondo Provincial de Puertos, fondo que por Ley
debe utilizarse para atender los gastos operativos y administrativos,
originados en los propios puertos y en el funcionamiento de la
Dirección de Provincial de Actividades Portuarias y generar, en
principio, excedentes para sostener la ejecución de determinadas
operaciones.

A pesar de la intangibilidad de dicho fondo, en más de
una ocasión se le imputan como gastos, los gastos operativos de los
consorcios existentes, todo esto constituye un claro negocio para el
sector privado, que sirviéndose de los recursos provinciales mantiene
un negocio con rentabilidad asegurada. Los conceptos que dan lugar a
los ingresos señalados responden básicamente a tarifas cobradas a
buques, a las cargas y derechos de cánones por la ocupación de
espacios portuarios.

Transferir esta facultad de recaudación a un
consorcio de gestión, es delegar un recurso estratégico y necesario a
manos del sector privado, privando de esta manera al Erario provincial
de ingresos genuinos.
Cabe recordar que la figura de Consorcio tiene su origen en la década
del 90 cuando el Estado Nacional con el pretexto de descentralizar
los”beneficios” del comercio exterior, transfirió por vía de estos
consorcios la administración del mismo. Consecuencia de estas
políticas fueron que pocas operadoras privadas concentran en las
terminales la exportación e importación de bienes y mercancías.
La discusión sobre el manejo de los puertos se remonta a los orígenes
de nuestra nación, es fundamental para nuestra soberanía ratificar el
rol del Estado.