La imputación fue absolutamente falsa. 

Asi lo manifestaron  los abogados  brasileños  de Cristina apuntaron contra la condena por Vialidad.

En una conferencia de prensa, la defensa presentó un análisis sobre más de 2.000 millones de dólares del fideicomiso destinado a obra pública.

Los abogados investigaron y vieron que menos del 1% terminó en empresas vinculadas a Lázaro Báez.

Los abogados de la ex-Presidenta de la Nación y la Presidenta de principal partido opositor (PJ),  Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, comunicaron este martes  una nueva prueba que, según la defensa, contradice el fundamento central de la condena contra la dos veces presidenta en la causa Vialidad.

En la conferencia de prensa, los letrados explicaron el contenido de la documentación, cuestionaron la interpretación utilizada en la sentencia y adelantaron los próximos pasos de la estrategia judicial, que incluye una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

La nueva información está relacionada con el destino de los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2015 y surgió a partir de la declaración de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la causa Cuadernos

Los abogados explicaron, que ese testimonio permitió acceder a datos con los que la defensa pudo reconstruir cómo se repartieron esos recursos durante el período investigado. Ese punto es central para los abogados porque, según su interpretación, permite discutir uno de los fundamentos de la condena.

«Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso por haber dictado un decreto que era el 54, haciéndonos creer que ese decreto solo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez», sostuvo el Dr. Beraldi.

Más de 2.000 millones de dólares y menos del 1% para Austral
Según el análisis presentado por la defensa, ese dato contradice la interpretación que se hizo durante el juicio. El abogado recordó que la defensa había intentado incorporar una pericia contable para determinar cómo se habían distribuido los fondos, pero que esa prueba fue rechazada.

«La imputación era absolutamente falsa», afirmó. Y sostuvo,  «Todas las pruebas fueron desvirtuadas».

La defensa también cuestionó la forma en que se interpretó el decreto 54/2009. Los abogados sostienen que se trataba de una norma de alcance general y no de una medida creada para beneficiar a una empresa en particular.  Esta nueva información sobre los fondos es, un elemento que permite volver sobre esa interpretación.

El análisis de los economistas brasileños
Rafael Valim explicó que la defensa encargó un estudio a un grupo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de la Cerda. Allí aparece un dato más preciso: el Grupo Austral recibió el 0,85 % de los fondos analizados.

Valim comparó ese porcentaje con el de otra empresa mencionada durante la conferencia, que habría recibido el 16 por ciento. También señaló que Austral habría recibido alrededor de 18 millones de dólares, mientras que IECSA habría recibido unos 360 millones.

Para el abogado brasileño, esos números cambian el eje de la discusión. Por eso definió el hallazgo como «un giro decisivo» y sostuvo: «Ahora se deja claro que no hay ningún fundamento fáctico para condenar a la presidenta Cristina».

Valim también cuestionó la relación que, según la defensa, se estableció entre el decreto, el fideicomiso y las empresas vinculadas a Báez. «Se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina», sostuvo.

Primero, la revisión en la Argentina; después, la ONU.

Con la nueva documentación presentada, los abogados ya definieron los próximos pasos. La primera vía será intentar revisar la condena en la Justicia argentina. Beraldi explicó que existen mecanismos previstos en los códigos procesales que la defensa analiza utilizar y que podrían incluir un pedido para suspender la ejecución de la sentencia.

En paralelo, llevarán la nueva prueba al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde ya existe un reclamo de la defensa contra distintos aspectos de la condena, entre ellos la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

«Vamos a llevar esta prueba al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas», confirmaron.

Según explicaron, esperan que el organismo pueda analizar el caso en octubre.

Borrego, por su parte, resumió la estrategia en tres caminos: la revisión judicial en la Argentina, el reclamo ante Naciones Unidas y una tercera vía vinculada con la discusión política del caso.

Ahora esperan que esos argumentos sean tomados en cuenta tanto por la Justicia argentina como por el organismo internacional.