El canciller, Felipe Solá; conjuntamente con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; y el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, tras un encuentro con el presidente, Alberto Fernández, en Olivos dieron a conocer, entre otros,  un proyecto que contempla la problématica de la pesca ilegal en aguas jurisdiccionales argentinas.

La ley Federal de Pesca 24.922 de 1998,en el artículo 51  establece multas que van desde los  5 a los 10 millones de pesos, monto irrisorio en la actualidad a más de 20 años de su vigencia.

Por ello, y según destacó el Subsecretario de Pesca nacional Carlos Liberman, en el proyecto de ley se «prevé montos equivalentes que van de los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros” monto equivalente a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares de acuerdo a los valores del dólar actual.

A entender del funcionario estas multas tendrían  «seguramente un efecto disuasivo y de mínima un nivel compensatorio (hacia el Estado argentino) mucho más ajustado a la realidad”.

Al armador del buque infractor se le cobrarán los gastos que genere la captura de su barco, advierten en el proyecto.

“La norma busca evitar el saqueo por parte de buques pesqueros que se introducen sin permiso en los espacios marítimos argentinos y fortalecerá el trabajo de la mesa que se ha conformado con los Ministerios de Defensa, de Seguridad, de Agricultura y la Cancillería”, señalan desde el gobierno nacional.

El litro de gas oil, también sería la medida de relación para cuantificar  las multas para  buques nacionales que realicen infracciones a la ley de pesca.

Dentro de los proyectos mencionados se encuentra el de la creación de un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas en el área presidencial.

Con respecto a Malvinas , el objetivo del proyecto será el de » trazar y sostener políticas de Estado a mediano y largo plazo», contando con integrantes de los diferentes bloques parlamentarios, juristas, académicos y representantes de la provincia de Tierra del Fuego y ex combatientes, y también un proyecto que promueve la extensión del límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas llevándolo hasta las 350 con el propósito de  afirmar derechos sobre subsuelo y suelo marino.