La Administración General de Puertos (AGP) mediante un comunicado se pronunció respecto a la normativa que derogó el cuestionado decreto 870/2018, afirmando que garantizarán las fuentes laborales.

En el mismo destacan que la actual normativa “está en línea con los distintos informes técnicos de la propia AGP, que recomendaron siempre un esquema de dos terminales, garantizando competencia y evitando un monopolio en el principal puerto de contenedores del país”.

En ese sentido, la AGP resaltó que el mismo compromiso con los trabajadores se tomó en la transición de la concesión privada de Hidrovía S.A. a la gestión pública de la Vía Navegable Troncal, donde no hubo despidos. 

También destacan que  «idéntico esquema se logró al inicio de la gestión, donde se trabajó durante meses –incluso en pandemia- en un acuerdo firmado por todos los gremios portuarios con la garantía de mantener a todos y todas las trabajadoras en cualquier escenario».

El decreto 299/2023, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Agustín Rossi y el ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirma la AGP  «da inicio a una nueva etapa de trabajo para encarar la modernización y diseñar el futuro del único puerto de administración federal del país».

El decreto garantiza la seguridad laboral de todos los trabajadores del Puerto Buenos Aires. El tercer artículo se encarga específicamente del tema, al señalar la obligación del «mantenimiento de todas las fuentes laborales dependientes en forma directa de las Terminales Portuarias y de las empresas prestadoras de servicios portuarios».

El articulado señala asimismo que los nuevos pliegos deberán incluir «la incorporación de dichos empleados y dichas empleadas por los nuevos concesionarios, los que deberán conservar sus condiciones laborales vigentes».

El nuevo decreto establece que habrá un llamado a licitación para el funcionamiento de dos terminales. Establece que en relación con las concesiones existentes en las Terminales números 1, 2, 3 y 4 de Puerto Nuevo – Buenos Aires, se instruye a la Administración General de Puertos a realizar las adecuaciones necesarias para asegurar los objetivos mencionados anteriormente durante el período de transición. Además, garantiza la continuidad de los puestos de trabajo.