Luego de 11 días, el Ministerio de Seguridad  ordenó el levantamiento del bloqueo a las terminales APM Terminales y Terminales Río de la Plata (TRP).

“El impedimento para el funcionamiento de las terminales 1, 2, 3 y 4 llevado a cabo por trabajadores encabezados por Daniel Amarante, secretario adjunto del Sindicato de Guincheros, suspendido por el propio Consejo Directivo de ese sindicato por “inconducta Gremial”, procuraba incrementar la operatividad de la terminal 5 mientras se bloqueaba el trabajo de las otras terminales para reclamar una nueva ampliación de la concesión, lo cual constituiría una vulneración a las disposiciones vigentes”, indicaron fuentes del Ministerio que instruyó el levantamiento de la medida de fuerza.

Este bloqueo trajo aparejado el reclamo de las empresas asociadas en «Cafrexport» que les trajo aparejado pérdidas y que motivaron el pedido al subsecretario de Pesca de Nación Carlos Liberman para esta que intermediara en la solución “Solicitamos a las autoridades acompañar las gestiones que eviten futuros inconvenientes, que como dijéramos, entorpecen el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales” expresaba en unos de sus párrafos la nota.

El bloqueo tuvo comienzo “el 7 de abril (cuando) este grupo dio inicio a medidas de fuerza, después de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia Contencioso Administrativo Federal nº 1 a cargo de la doctora Analía Conde desestimara una medida cautelar reclamada por la empresa”.

La orden de desarticular el bloqueo fue emitida con el argumento  de que “como consecuencia del impedimento para el normal trabajo de los camiones en el Puerto de Buenos Aires, sumado a la ilegitimidad de la extensión del plazo para la empresa Bactssa y a la ausencia de representación o aval gremial en favor de quienes promovían el corte del ingreso a las terminales portuarias, la cartera de Seguridad de la Nación ordenó a la PFA que coordinara con la Prefectura Naval y procediera al cumplimiento del desalojo”, señalaron.

La jueza María Eugenia Capuchetti junto a los fiscales federales Eduardo Taiano y Carlos Rívolo; y funcionaros del ministerio y de Caba,   y con  representantes gremiales de los transportistas y de los trabajadores del puerto, recorrieron los lugares donde se producían los bloqueos antes de poner en práctica el procedimiento policial de desalojo que encabezó el subjefe de la PFA estuvo compuesto por varias unidades de contención, móviles de apoyo logístico, un helicóptero y un total de 324 de efectivos de la PFA, así como de 90 móviles. Como parte del despliegue para el desalojo, la Prefectura Naval trabajó en los márgenes del Río de la Plata.

“La presencia disuadió a los manifestantes y no se utilizo la fuerza”, aseguraron y agregaron que la causa quedó bajo la órbita del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 5, a cargo de Capuchetti, secretaría Nº 10, a cargo de Leandro Noguera.