Mediante un documento las Cámaras empresarias,  organizaciones sindicales y representantes de los distintos sectores pesqueros y de la industria naval argentina muestran su preocupación por el avance del proyecto de Ley unificado de los Senadores Solanas y Luenzo sobre la renovación de la flota pesquera, y reiteran en el mismo  su apoyo al DNU 145/19, por considerar que el mismo se originó en un marco de consenso entre todos los sectores siendo superador en todos los sentidos.El texto lleva las firmas de los representantes empresarios Darío Sócrate (Cepa), Diego García Luchetti (Cámara de Armadores), Sebastián Agliano (Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera),Fernando Rivera (Caipa),  Miguel Di Costanzo (Udipa) y Domingo Contessi (Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata).

También consideran que  “siguen faltando en este proyecto (de Solanas) algunos aspectos fundamentales para fomentar la renovación de la flota y la construcción de dichos buques en astilleros nacionales, y  permitir el acceso al crédito mediante la intervención de la banca pública y privada, además, aclaran que “contiene otros puntos que son de imposible aplicación y aspectos que podrían generar serios perjuicios tanto para la industria pesquera como la naval,  como para todos los trabajadores que dependen de dichas actividades”, por lo que afirman que “en virtud de la experiencia reciente que ha significado la negociación entre sectores armatoriales, de la industria naval y sindicales, que derivaron en la sanción del DNU 145/19, consideramos que dicho DNU sigue siendo superador del proyecto de ley unificado de Solanas y Luenzo. Por lo cual apoyamos firmemente al DNU 145 original, o bien el proyecto de Ley del Senador Pinedo que mantiene los mismos lineamientos”expresan.

A la vez que reiteran que “dicho DNU no fue el producto de una decisión apresurada del Poder Ejecutivo, sino que fue el fruto de numerosas reuniones desarrolladas desde Julio de 2018 a febrero de 2019 entre armadores, astilleros, trabajadores, bancos, sociedades de garantía y autoridades nacionales y provinciales.  Obviamente que cada uno de estos sectores hubiéramos pretendido soluciones distintas para la renovación de la flota, pero lo arribado es el fruto del consenso y lo que entendemos promueve de mejor manera el objetivo final, sin plantear soluciones mágicas ni comprometer el futuro de las industrias y sus puestos de trabajo”.

Además , en dicho documento expresan que ya “hay buques en construcción en astilleros argentinos y del extranjero, hay créditos en curso para financiar la construcción local que, aunque son insuficientes son un primer paso, hay nuevos proyectos de renovación en estudio. Estas inversiones están encuadradas en el marco normativo del DNU 145/2019. Si el mismo es modificado, no solo recibiremos un mensaje ambiguo, sino que se corre riesgo que algunas de esas inversiones no puedan concretarse”.

Al término del documento los  gremios y cámaras afirman el convencimiento de la buena fe de los autores de este proyecto (de Solanas y Luenzo) y de la de todos los senadores que lo apoyan. “Por ello no nos limitamos a rechazar el mismo, sino que además agregamos como anexo algunos de los principales argumentos que motivan nuestra postura”, expresaron.

Entre otros puntos en dicho anexo consideran que los cinco  años previstos para la entrada en vigencia del límte de vida útil (art. 5) es un plazo extremadamente breve , considerando que”el plazo de 20 años previstos en el DNU 145 es más razonable y acorde con la inversión que se debe realizar, la capacidad actual de la Industria Naval”.

Compartimos la preocupación por los aspectos de seguridad durante el período de adecuación de 20 años, pero reiteramos que no existe una relación lineal entre la antigüedad de la flota y la seguridad de los buques, debe considerarse que en estos últimos tiempos y en parte gracias a la acción de sindicatos y familiares de las víctimas, han existido modificaciones reglamentarias, cambios de paradigmas y mejora de conductas, explican en el documento.

El Senador Pino Solanas se refirió a su proyecto expresando que vienen realizando junto a su equipo este proyecto desde el año 2016 y sostuvo que “Lo que a nosotros nos interesa es lo que tiene que ver con la sustentabilidad del recurso, la seguridad de las tripulaciones y con el desarrollo de esta fuente de trabajo. Parece ser que el corazón de la ley es el financiamiento y el aval, es un debate mayor que éste, acá va a suceder que los bancos se van a quedar con los recursos públicos que se dan en concesión. El recurso pesquero no es solo de los que pescan, es de las provincias y es de la Nación”.

Como principal objeción observan que “es una grave omisión no permitir que el permiso de pesca o la cuota de captura puedan ser ofrecidos como garantía real para el otorgamiento de créditos para la renovación de la flota.  (Art. 3,4 y 5 del DNU 145). Esta posibilidad ya ha despertado expectativas muy favorables en la banca privada y en las Sociedades de Garantía Recíprocas, que en este caso estarían dispuestas a financiar las operaciones sin exigir otras garantías adicionales como hipotecas sobre inmuebles u otros avales, de los cuales carecen los pescadores tradicionales y la mayoría de las pymes pesqueras. En definitiva, esta posibilidad de ofrecer a los permisos de pesca como garantía real la plantearon principalmente los sectores armatoriales más pequeños: pescadores y pymes que ven el riesgo de no poder acceder a los instrumentos financieros necesarios para renovar sus barcos y poder cumplir así con estas nuevas normativas de vida útil máxima” expresa el documento.

Al finalizar expresan que “En definitiva, derogar el DNU 145 y quitar la posibilidad de garantizar la renovación de la flota con el permiso de pesca implicaría paralizar todo este proceso.  Si en realidad se quiere defender al pescador tradicional y a las pymes de capital nacional, no debe restringirse esta posibilidad de ofrecer al permiso de pesca.