El transporte de gas extraído en Vaca Muerta que viene generando las más altas expectativas en el ámbito portuario de Bahía Blanca, a raiz del incremento de la operatoria de logística portuaria, se encuentra por lo menos con signos de incertidumbre por el recorte efectuado en los subsidios (presentados como incentivos a la extracción de gas), recientemente aplicado por Lopetegui y que  fue interpretado por Paolo Rocca como una ruptura de la alianza que se había mantenido incluso ante el procesamiento y el pedido de detención que sufrió en la causa de los cuadernos.

La sociedad ha presentado en el día de la fecha recursos jerárquicos contra las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución 46, hecho que constituye una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional “al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conductora del estado», comunicó el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea.

«La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino» establece el art 17 de la Carta Magna.

El anterior Secretario de Energía, Iguacel,  le abonaba al grupo los incentivos a la producción de gas (subsidios) de acuerdo a los volúmenes efectivamente alcanzados, que llegaron a un récord de 17,5 millones de m3 al día, ahora Lopetegui anunció que el Gobierno pasará a pagar solamente por la producción estimada al momento de solicitar el beneficio, o sea 8 millones de m3/día.

La medida implica un «perjuicio» retroactivo de alrededor de $5.500 millones de pesos y unos 1.000 millones de dólares en promedio en los próximos tres años, que Rocca no está dispuesto a resignar.

Paolo Rocca primero puso en duda las inversiones a futuro en Vaca Muerta y posteriormente anunció la suspensión de 300 trabajadores, en el momento en que cuando el sindicalista Guillermo  Pereyra, del gremio de los petroleros, anunciaba que rompería con todos los acuerdos laborales si sucedía un solo despido, lo que sería lo antesala de un conflicto.

Ahora Rocca ahonda la confrontación con la certeza de tener todas las de ganar en materia judicial y con el respaldo del mercado, donde cayó muy mal el cambio de reglas, mientras los empresarios de la UIA dicen que Rocca tiene razón, “fue el que más invirtió, arriesgó y ahora le cambian todo”.En el gobierno  “no tienen palabra”, aseguran molestos.