La Cámara Federal de Apelaciones ordenó la conformación, en 90 días, de un plan concreto para diagramar inversiones futuras y desarrollo sustentable en la ría de Bahía Blanca, ante el riesgo latente de contaminación ambiental.

Dicha medida de la Cámara Federal abarca a las empresas denunciadas, los querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de Bahía Blanca, el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y otros organismos especializados en la materia.

Este  fallo, revocó parcialmente la decisión de la jueza federal Gabriela Marrón y consideró  el planteo de las                                                      agrupaciones que nuclean a los pescadores artesanales.

Del estudio desarrollado el año anterior  por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires surge la presencia de metales pesados en especies del ecosistema marino bahiense que exceden  los niveles superiores en cadmio, cromo, cobre y plomo.

Mediante el fallo los camaristas Pablo Candisano Mera y Silvia Fariña instan  a realizar en un plazo de 90 días «un plan concreto que tenga como fin diagramar inversiones futuras para asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre desarrollo y la preservación del ambiente».

Deberán exponer además, un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías en el tratamiento de efluentes e instrumentar sistema de «aguas regeneradas» en un plazo razonable.

Del fallo “surge que el Ministerio Público Fiscal, el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad ­y que cuenta además con una dependencia especializada en la materia en cuestión­, considero que es quien se encuentra en mejores condiciones para coordinar la formulación de dicho plan en el marco de las reuniones de trabajo que a tales efectos se deberán dar; y plasmarlo en un acuerdo de compromiso ambiental firmado por las partes, que deberá ser homologado por la jueza de grado”.

De dicha medida también se desprende la necesidad de reformular la normativa que establece parámetros para el vuelco de efluentes en la zona, teniendo en cuenta la morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

Los organismos facultados para mantener las condiciones adecuadas del medio ambiente deberán reforzar los mecanismos de control de vertidos a la ría y reestructurar el régimen sancionatorio buscando el cumplimiento efectivo del cuidado señalado para la protección de todas las especies que están siendo contaminadas por efecto de dichos desechos en el agua.