La Justicia confirmó al fuero federal para decidir sobre la cautelar interpuesta por Compañía Sudamericana de Dragados en contra del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, solicitando la suspensión de la licitación para el dragado del canal de acceso al puerto y a la Base Naval de Puerto Belgrano.

La judicialización del conflicto se originó luego de que Sudamericana impugnara la decisión del Consorcio de adjudicar la licitación n°4/2019 a la UTE integrada por la holandesa Van Oord y la argentina Dyopsa, por “violación de las reglas establecidas en el pliego”.

El consorcio no aceptó la impugnación y recurrió a un estudio tributario para que dictaminara si Dyopsa era un “deudor moroso con sentencia efectiva”, a lo que el estudio respondió que, “al finalizar el estudio, la empresa no poseía deudas”.

Los titulares de la empresa Sudamericana persistieron en su objetivo de impugnar la oferta de la Ute  por considerar que en el momento de la presentación violaban claramente los requisitos exigidos en el pliego de la licitación, y rechazan el informe realizado por un estudio jurídico por encargo del Consorcio para que analizara la situación de la Ute.

Además, envió una carta documento al Consorcio, donde la empresa damnificada advierte que si la adjudicación continúa su curso y “se selecciona como contratista a un deudor moroso, con una delicada situación financiera, se pone en riesgo la ejecución de la obra”, en un marco de “desinterés y desidia” que puede derivar en una “grave responsabilidad patrimonial y penal de los directores intervinientes y partícipes de 

No obstante, la jueza María Gabriela Marrón, a cargo del Juzgado Federal nº 2 de Bahía Blanca, realizó un rechazo del planteo, declarando  a la justicia federal incompetente, girando el expediente al fuero civil y comercial.

Debido a ello, Sudamericana recurrió entonces al Ministerio Público Fiscal , que ya se había expedido en favor de la competencia federal, y a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca e insistió en el “interés federal directo involucrado”, competencia que “está debidamente fundamentada por la aplicación de leyes federales” así como también por la “interjurisdiccionalidad”.

Los jueces de Cámara Pablo Candisano Mera y Roberto Daniel Amabile, revocaron la decisión de la jueza Marrón y confirmaron el fuero federal para expedirse sobre la cautelar.

“La naturaleza de las tareas objeto del contrato, y el lugar donde deberán llevarse a cabo (zona portuaria y canales de acceso),  naturalmente afectan intereses concernientes a la navegabilidad, circulación interjurisdiccional y tráfico marítimo, lo que claramente constituye un cuestión de cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima, tanto con relación al puerto comercial de Bahía Blanca, como la Base Naval de Puerto Belgrano”, explicaron los camaristas.

“El lugar donde deberán llevarse a cabo los trabajos licitados , zona portuaria de más de 97 kilómetros, constituye una unidad, un sistema integrado, donde se interrelacionan distintos actores e intereses del que –naturalmente– el interés federal no se encuentra ausente”, destacaron los jueces.

La competencia del Estado nacional queda todavía más en evidenciada porque el control de la seguridad de la navegación está en manos de la Prefectura Naval Argentina, organismo federal.