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Bahía Blanca: Impugnación y pedido de medida cautelar por adjudicación de obra de dragado en el puerto

La adjudicación de las obras de dragado en los sitios y el canal de acceso del Puerto Bahía Blanca fueron observadas, impugnadas y recurridas ante la justicia por irregularidades de fondo por la Compañía Sudamericana de Dragados perteneciente al grupo  Jan de Nul.

Las licitaciones 3 y 4 lanzadas por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca referidas a la realización del dragado periódico de mantenimiento en los sitios de atraque de los puertos Ingeniero White, Galván y Rosales (con los correspondientes accesos y zonas de maniobras) y a los trabajos de dragado de mantenimiento en canales del sistema portuario de Bahía Blanca y de la Base Naval Puerto Belgrano respectivamente. cuyas ofertas se presentaron el 11 de julio fueron las objetadas en la justicia.

La mejor oferta para el Consorcio fue la presentada por una UTE constituida por la holandesa Van Oord y la argentina Dragados y Obras Portuarias SA (Dyopsa). con un monto de 3 millones de dólares inferior  que la segunda oferta realizada por la  Compañía Sudamericana de Dragados.

La impugnación fue realizada debido a que en la presentación de las ofertas,  Sudamericana constató que Dyopsa figuraba como deudor fiscal de la AFIP, de la provincia de Buenos Aires y de la Anses, incurriendo de ese modo en la incompatibilidad prescripta por el artículo 17 del pliego 4°, que en su inciso “c” establece la inadmisibilidad de quienes “sean deudores morosos impositivos o previsionales, por decisión judicial o administrativa”.

Dicha impugnación no fue tenida en cuenta por parte del Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca,  Miguel Donadío debido  a que la “orden ministerial” es la de bajar los costos logísticos,( en este caso a costa de infringir lo que la misma licitación exigía ) y siguió adelante,  con el fin de mantener la oferta cuestionada, todo hacía indicar que nadie iría a obstaculizar la contratación de la UTE para el dragado correspondientes a las licitaciones 3 y 4.

Pero los titulares de la empresa Sudamericana persistieron en su objetivo de impugnar la oferta de la Ute  por considerar que en el momento de la presentación violaban claramente los requisitos exigidos en el pliego de la licitación, y rechazan el informe realizado por un estudio juridico por encargo del Consorcio para que analizara la situación de la Ute.

Además, envió una carta documento al Consorcio, donde la empresa damnificada advierte que si la adjudicación continúa su curso y “se selecciona como contratista a un deudor moroso, con una delicada situación financiera, se pone en riesgo la ejecución de la obra”, en un marco de “desinterés y desidia” que puede derivar en una “grave responsabilidad patrimonial y penal de los directores intervinientes y partícipes de esa decisión”.

Frente a todo lo denunciado la  Compañía Sudamericana de Dragados decidió solicitar una medida cautelar ante la justicia.

 

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