En los últimos días, un nuevo escándalo del Gobierno Nacional sacudió el tablero de la industria pesquera, poniendo al sector en el centro de la escena debido a un pedido de coimas que trascendió a los medios. Es de público conocimiento que a fines de este año vencen las cuotas de captura para cuatro especies de nuestro litoral marítimo, las cuales se mantuvieron vigentes durante 15 años y les permiten a las empresas tener previsibilidad sobre los volúmenes de pescado de los cuales podrán disponer y, por ende, estimar el rédito económico que les dejará la actividad, sujeto a variaciones según las condiciones de mercado y la situación del país.

Este es, sin lugar a duda, el debate más importante que debe dar el Consejo Federal Pesquero, máxima autoridad de aplicación del sector, conformado por miembros del Gobierno Nacional y un representante por cada provincia con intereses marítimos (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro).

En medio de esta discusión, postergada por cierto y sin indicios de resolver por parte de las autoridades, se dio a conocer por medio de una denuncia que el grupo Iberconsa presentó ante la Embajada de los Estados Unidos, el pedido de coimas por un monto cercano a los 15 millones de dólares por parte de funcionarios allegados a Santiago Caputo (asesor “estrella” del Presidente Milei) a cambio de otorgarles a éste y un puñado de empresas, el monopolio de la pesca de merluza por los próximos 15 años. Esta cifra, si bien representaría una vida sin problemas para un grupo de funcionarios corruptos, en comparación con el aporte actual de la pesca al Estado resulta irrisoria, ya que la actividad constituye el séptimo complejo exportador del país generando 2 mil millones de dólares al año (30 mil millones de dólares si multiplicamos por 15 años de concesión de cuotas de captura).

Vale la pena destacar que Iberconsa posee el 14% de las cuotas de merluza actuales, al límite del 15% que es el tope fijado por el Régimen Federal de Pesca (Ley N° 24.922).

Rápidamente, este hecho encendió las alarmas y generó en primera instancia, que el Gobierno suspenda el debate en torno a la renovación de cuotas para la merluza hubbsi y en segundo lugar avanzar con el resto de las especies alcanzadas por el régimen de CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) definiendo lo siguiente:

• Polaca: 28.000 toneladas anuales.
• Merluza de cola: 25.000 toneladas anuales.
• Merluza negra: 3.700 toneladas anuales.

En cuanto a los criterios de cuotificación se mantendrán los que fija el artículo 27 del Régimen Federal de Pesca, ponderando de la siguiente manera:

• Historia de captura: 50%
• Mano de obra: 30%
• Producción: 15%
• Inversiones: 5%

Es importante resaltar que se decidió incrementar del 15 al 25% el límite admitido por grupo empresarial para la polaca y la merluza de cola, lo cual aumenta la concentración en manos de pocas compañías y buques.

Si bien estas definiciones fueron celebradas por las principales cámaras y referentes del sector, no hay que perder de vista que se renovó el esquema de cuotificación sobre tres especies que apenas significan 60.000 toneladas al año, menos del 20% de lo que representa la merluza hubbsi la cual dispone de 325.000 toneladas de recurso, siendo
la principal pesquería de nuestra flota y generando la mayor parte de puestos de trabajo, no solo a bordo sino fundamentalmente con el procesamiento en tierra.

Especie que, debido a recetas muy similares a las que Sturzenegger quiso implementar en el primer borrador de Ley ómnibus (las mismas que continúa instalando ya no en el plano legislativo sino desde su flamante rol como Ministro de Modernización del Estado), quedó al borde del colapso en la década del noventa, con menos de un cuarto de la disponibilidad de recurso que tenemos hoy. Treinta años le llevó a la Argentina recuperar un caladero que hoy es elogiado en todo el mundo, lo cual fue posible debido a una estructura legal contundente, el aporte de profesionales e investigadores capaces y comprometidos con la pesca y el accionar sinérgico del Estado y los empresarios, generando conciencia para que la actividad siga siendo competitiva pero sin negociar la
sostenibilidad en el tiempo. Lamentablemente estos embates no sorprenden, ya que no han sido los únicos.

Resulta difícil pasar inadvertidas las declaraciones de la canciller Mondino al respecto, la cual ha dicho por ejemplo que “los barcos pescan prácticamente gratis” y que “el recurso se cuida igual, pesque un Barco Argentino o un Barco extranjero”.

Recordemos también el incidente ocurrido con el Buque Tai An a fines de marzo de este año, el cual arribó a Ushuaia con 163 toneladas de Merluza Negra captura de manera ilegal, y que derivó en la renuncia del Dr. Julián Suárez, por entonces Director Nacional de Fiscalización Pesquera, el cual recibió presiones de Pablo Ferrara (ex funcionario y sobrino político de Mondino) para hacer la vista gorda en el asunto.

Ni hablar de las promesas incumplidas del Ministro de Economía Caputo, devaluó un 118% apenas asumió, aún no levantó el cepo, aumentó de 7,5 a 17,5% el impuesto PAÍS y convalidó la reinstauración del impuesto a las ganancias, combo de medidas que le quitó competitividad al sector.

Se avecinan horas de definiciones importantes, de las cuales depende el sustento de 46.000 trabajadores y sus familias, que esperan que la actividad continúe desarrollándose con la mayor normalidad posible, aunque en apenas 9 meses de gestión hay algo más que claro; cuando se trata de la pesca, la Libertad no avanza, sino que arrasa.

Por Giuliano Falconnat (Consultor en pesca. Consejero Directivo UTN Mar del Plata. Expresidente FUT).