La jueza Federal de Río Grande, localidad de la provincia de Tierra del Fuego,  Mariel Borruto dio curso a la demanda presentada por el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, con el acompañamiento de gremios y partidos políticos, donde solicitan  la declaración de “nulidad” e “inconstitucionalidad” del decreto 872/18, que instruyó a la Secretaría de Energía a convocar al concurso público internacional por el que finalmente se adjudicaron, el último jueves, 18 áreas para la exploración de gas y petróleo en la cuenca de Malvinas.

El amparo incluye una medida cautelar para que la Justicia suspenda el procedimiento de adjudicación de los derechos de exploración y explotación sobre las áreas licitadas, que ocurrirá “a los quince días corridos después de publicado el permiso” y corrió traslado a la Secretaría de Energía con el objeto de  frenar la adjudicación de áreas hidrocarburíferas a empresas de origen británico en la zona de las Islas Malvinas,

Entre otros fundamentos la presentación señala que a través del concurso el Estado “entrega unilateral, gratuita e indiscriminadamente información geológica de la plataforma continental argentina”, y habilita a presentarse a “cualquier empresa extranjera (inclusive de nacionalidad británica ) lo que representa “una gravísima afrenta a la soberanía nacional”.

Además sostienen el riesgo que la actividad sísmica implicaría para la industria pesquera y los recursos naturales.

Reunión con Bosch

 El subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch se reunió con empresarios  pesqueros del sur  para analizaren conjunto, antes del encuentro previsto para  el 5 de junio con autoridades de la cartera de Hidrocarburos, con el objetivo de llevar su postura y poder elaborar una resolución que no perjudique a la actividad y el recurso pesquero.

Bosch señaló a ese efecto que «las Subsecretarías de Pesca y de Hidrocarburos» han elaborado una resolución conjunta para que esta actividad y la pesca se puedan desarrollar sin conflicto asegurando que la resolución establece el acuerdo entre ambas autoridades que la pesca y las actividades hidrocarburíferas se desarrollarán de manera coordinada y en un marco de desarrollo sostenible”.

Bosch expresó que “se crea un grupo de trabajo integrado por estas autoridades y otras entidades pertinentes, para generar la información y las discusiones necesarias para la toma de decisiones que garanticen el desarrollo armónico de ambas actividades”, estableciendo que «en el lapso de dos meses, elabore un mapa de sensibilidad para fundar el ordenamiento de la prospección sísmica y la pesca, y formule un protocolo para el intercambio y sistematización de la información necesaria para coordinar actividades”. 

Asegurando Bosch que “la resolución busca institucionalizar un ámbito para generar el conocimiento y las pautas que garanticen que ambas actividades productivas puedan convivir en el mar de manera sustentable”.